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Para que no nos quedemos atrás: Mujeres indígenas frente a los ODS

El Perú está marcado por las desigualdades, que han condenado a generaciones a vivir en condiciones de precariedad y carencias. La gran promesa de la “inclusión” no ha generado avances en el campo social. Aun así, un periodo de varios años de bonanza económica creó la fantasía de ser un país de renta media y, por tanto, en condiciones de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Hasta que, a partir del 2014, se empezó a sentir la desaceleración económica y a captar menores ingresos para el fisco.

En el 2017, después de casi 20 años, la tasa de la pobreza monetaria volvió a crecer. Con una enorme facilidad, 400 mil peruanos cayeron en la pobreza ese año. Si bien se volvió a encauzar el sostenido camino de la reducción de la pobreza, esto puso en alerta sobre la fragilidad de la “prosperidad” peruana.

En su desesperado afán de lograr la reactivación económica, los sucesivos gobiernos se han concentrado en otorgar facilidades y beneficios a la gran inversión privada como principal medida, especialmente aquella referida a las actividades extractivas    y agroindustriales, sobre la base de políticas de despojo territorial de los pueblos indígenas. Así, con gobiernos concentrados en el crecimiento económico a cualquier costo social, a un año de celebrar el bicentenario somos un país que no ha podido garantizar los derechos fundamentales al trabajo digno, a la educación, a la salud integral, a la seguridad y a una vida libre de violencias. Ello, pese a los compromisos internacionales del Estado Peruano en torno a la protección de los derechos humanos individuales y colectivos, así como del medio ambiente.

En el año 2015, el Estado de Perú, como miembro de las Naciones Unidas, aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como hoja de ruta para poner fin a la pobreza y lograr que nadie se quede atrás. Cinco años después y con una pandemia que ya ha ingresado a nuestras comunidades, el sueño de que nadie se quede atrás al 2030 se cae a pedazos. No obstante, también representa una oportunidad para que el Estado pueda disminuir las grandes brechas de desigualdad que hoy propician que nuestras hermanas y hermanos indígenas fallezcan no solo por coronavirus, sino por la falta de atención gratuita y oportuna.

Es así que en el marco del proceso de presentación del segundo Reporte Voluntario Nacional (VNR) del Gobierno Peruano en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas para reportar sobre los avances de implementación de la Agenda 2030 en el país, desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) hemos elaborado el informe “La implementación de los ODS en los pueblos y las mujeres indígenas en Perú”. El documento se centra en el “Eje de Fortalecimiento del bienestar y las capacidades humanas”, y los datos estadísticos que se presentan en relación a los ODS 1 y ODS 4, denotan la persistente deuda histórica que tiene el Estado peruano con los y las indígenas.

La pandemia del coronavirus hizo evidente la enorme desigualdad social; y esa concentración de oportunidades y de beneficios para  unos cuantos no solo golpea    el bienestar de los pueblos sino también a la estabilidad general de nuestro país. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 corren el riesgo de convertirse en uno de los tantos compromisos que no se lleguen a cumplir. La crisis sanitaria y económica generada por la propagación del COVID-19 nos está enseñando que se tiene que elevar la valla de las metas y poner la vida y los derechos humanos individuales y colectivos en el centro de todas las políticas públicas, por encima del lucro, para hacer de este planeta un lugar donde sea posible un Buen Vivir y una Vida Plena.

 

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