Resistencia indígena, coronavirus y desigualdades sociales

Mientras millones de peruanas y peruanos pasan la cuarentena en casa, las calles siguen siendo ocupadas por quienes día a día trabajan para sobrevivir, pues el #YoMeQuedoEnCasa sí tiene clase social. Y hoy son muchas las personas que deben elegir diariamente entre la precariedad o la enfermedad. El alquiler no se paga solo, los alimentos tampoco y los servicios básicos, peor. Hay que salir a buscar el dinero, sabiendo que, en estos tiempos, permanecer largas horas en las calles es arriesgarse al contagio por coronavirus.

Paralelamente, lejos de las ciudades, las mujeres y los pueblos indígenas hemos decidido cerrar nuestras fronteras, como medida preventiva para evitar la llegada del coronavirus. Y es que, si este virus llegase a nuestro territorio, el resultado sería lamentable.

A 18 días del Estado de Emergencia por el coronavirus, desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) alertamos al Estado sobre la urgencia de que las medidas sanitarias que viene implementando el Ejecutivo sean acompañadas de políticas en salud que garanticen, principalmente, el derecho humano a la salud y a una vida digna de todas las personas y pueblos.

El coronavirus no sería letal para los pueblos indígenas si contáramos con acceso a un sistema de salud pública intercultural y de calidad. Quizás por ello, enfermedades que en otros lugares son “normales” se vuelven mortales en nuestros territorios. Hablamos de las infecciones intestinales, de las diarreas, de las infecciones parasitarias, de la desnutrición crónica, del dengue. Estas son las enfermedades que han venido exterminando a nuestros pueblos. Y que hoy siguen haciendo que seamos un grupo vulnerable.

 El 16.3% de nuestras niñas y niños sufren de desnutrición crónica, más de 4 puntos porcentuales que el promedio nacional.

La contaminación de nuestros ríos y lagunas, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, así como el tráfico y acaparamiento de tierras también nos vuelven vulnerables. Nuestro territorio es nuestro hogar. Y sin embargo, hoy nuestra salud está comprometida por las actividades económicas que siguen imponiéndose en nuestros territorios, a pesar que el Gobierno ha decretado aislamiento social obligatorio para no propagar el virus. A la fecha, ya hay tres casos de trabajadores mineros infectados por coronavirus. Y esto es lo que realmente nos preocupa, que sean ellos quienes nos contagien.

 Nuestros niños, niñas, hermanos y hermanas tienen metales pesados en la sangre por consumir alimentos y agua contaminada. Y hoy existe el riesgo de que, además de esto, seamos contagiados por el coronavirus.

¿Qué hará el Estado si el coronavirus llega a nuestros territorios?

A 18 días del Estado de Emergencia y con más de 1400 infectados a nivel nacional, hacemos un llamado al Gobierno para que entienda de que no es posible solo enfocarse en ejecutar “acciones sociales” y «medidas sanitarias». Existen problemas estructurales de injusticia social que se deben atender con suma urgencia. Y uno de ellos es la universalización de la salud. No es posible que nuestras hermanas y hermanos sigan falleciendo porque no fueron atendidos oportunamente.

Durante esta crisis, hemos visto que quien asume toda la responsabilidad es la salud pública. Y, sin embargo, este sigue siendo precario. Solo contamos a nivel nacional con 270 ventiladores mecánicos, hay un déficit de más de 17 mil especialistas en salud, más del 20% de los hospitales de mayor complejidad carecen de equipos y nuestros médicos trabajan sin la indumentaria adecuada. Ya son más de 30 los trabajadores de salud contagiados. Eso sumado a que, lejos de las ciudades, ni siquiera hay centros de salud.

En este contexto, es ambicioso el plan del Estado para combatir el coronavirus (12% del PBI como estímulo económico); sin embargo, las deficiencias estructurales del sistema de salud pública y las brechas de desigualdad históricas de nuestro país hoy nos demuestran que no se trata solo de seguir dando medidas sanitarias y asistencialistas.

Desde ONAMIAP, saludamos las medidas sociales del Gobierno, como los bonos para familias en extrema pobreza. Sin embargo, le recordamos que son solo paliativos. Estas medidas no van a solucionar el problema. Lo que buscamos es el buen vivir y la vida plena para todas las personas y pueblos. Por tanto, el gobierno debe garantizarlo con la implementación de políticas públicas universales de calidad que también se implementen en las comunidades.

Los pueblos indígenas no podemos ser dependientes a las medidas asistencialistas, sino que debemos pensar en lo que le dejaremos a nuestras hijas e hijos. ¿Hemos luchado por un bono de 380 soles o por tener acceso a un sistema de salud pública que respete nuestras prácticas ancestrales y libre determinación?

Los bonos se acaban y no duran toda la vida. Miles de personas que lo necesiten quizás nunca lo reciban porque simplemente no existen para el Estado y por la corrupción al interior de las instituciones del Estado. ¿Cuáles son los mecanismos de fiscalización que viene empleando el Estado para que estos desembolsos millonarios realmente lleguen a quienes lo necesiten?

Hoy, hemos visto cómo en las ciudades, los productos se han encarecido porque no producen sus alimentos y dependen del “mercado”. Sin embargo, también hemos sido testigos de cómo nuestros sistemas de organización y producción indígena, garantizan nuestra seguridad y soberanía alimentaria. La agricultura familiar funciona. Nuestras hermanas nos han contado cómo, a pesar de la cuarentena, tienen alimentos y los intercambian entre ellas. No obstante, lo que sí les causa temor es la llegada del virus por externos: De nada sirve que cierren fronteras si el Estado deja que las transnacionales sigan operando cerca o dentro de los territorios.

Para que nadie se quede atrás al 2030, es necesario que el Estado garantice una vida saludable y promueva el bienestar universal. Se trata de un mandato obligatorio que está contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ya es hora de que la lucha contra el coronavirus también se enfoque en cerrar las brechas de desigualdad social que hoy permiten que la salud, para millones de personas, no sea un derecho humano, sino una utopía. La salud es un derecho humano y no un negocio.

Mientras tanto, las mujeres y pueblos indígenas resistiremos con nuestra agricultura familiar, defendiendo nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Y levantando nuestra demanda por el pleno ejercicio del derecho a la salud y nuestra libre determinación. De acuerdo al Censo del 2017, casi la cuarta parte de la población en el Perú se autoidentificó como indígena y no es posible que sigamos conviviendo con grandes brechas de etnicidad y género. Exigimos un trato igualitario, para cuidar nuestra vida y nuestra salud más allá de esta emergencia global.