Uganda

Los pueblos indígenas de Uganda incluyen antiguas comunidades de cazadores-recolectores, como los benet y los batwa, al igual que grupos minoritarios como los ik y los pastores karamojong y basongora, que el gobierno no ha reconocido específicamente como pueblos indígenas.

Los benet, que suman algo más de 8.500, viven en el noreste de Uganda. Los batwa, unos 6.700, habitan principalmente en la región suroccidental y fueron despojados de sus tierras ancestrales cuando los bosques de Bwindi y Mgahinga fueron declarados parques nacionales en 1991.^[i] La población de los ik asciende a unos 13.939 y viven en la región de Karamoja/Turkana, en la frontera entre Uganda y Kenia. El pueblo Karamojong, cuya economía se basa tradicionalmente en la ganadería, se encuentra en el noreste del país (principalmente en tierras secas) y tiene una población aproximada de 1.094.100^[ii] habitantes, según una estimación de mediados de 2018 de la Oficina de Estadísticas de Uganda. A su vez, los basongora son una comunidad ganadera de unos 15.000 habitantes que vive en las tierras bajas adyacentes al monte Rwenzori, en el oeste de Uganda.

Todas estas comunidades tienen una experiencia común de carencia de tierras inducida por el Estado y de injusticias históricas causadas por la creación de zonas de conservación en Uganda, además de los intereses mineros en el caso de Karamoja. Han sufrido diversas violaciones de derechos humanos, como los continuos desalojos forzosos o la exclusión de tierras ancestrales sin consulta previa a la comunidad, consentimiento o compensación adecuada (o ninguna). Entre otras violaciones se encuentran la violencia y la destrucción de hogares y propiedades, incluido el ganado, y la negación de sus medios de subsistencia y de su vida cultural y religiosa al excluirlos de tierras ancestrales y recursos naturales. Todas estas violaciones han dado lugar a su continuo empobrecimiento, explotación social y política y marginación.

La Constitución de 1995 no ofrece ninguna protección expresa a los pueblos indígenas, pero el artículo 32 impone al Estado la obligación de adoptar medidas positivas en favor de los grupos históricamente desfavorecidos y discriminados. Esta disposición, que en un principio se diseñó y previó para hacer frente a las desventajas históricas de las infancias, las personas con discapacidad y las mujeres, es la fuente legal básica de la acción positiva en favor de los pueblos indígenas de Uganda.^[iii] La Ley de Tierras de 1998 y el Estatuto Nacional del Medio Ambiente de 1995 protegen los intereses consuetudinarios sobre la tierra y los usos tradicionales de los bosques. Sin embargo, estas leyes también autorizan al gobierno a excluir las actividades humanas en cualquier zona forestal declarada zona protegida, lo que anula los derechos consuetudinarios a la tierra de los pueblos indígenas.^[iv]

Uganda nunca ratificó el Convenio 169 de la OIT, que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y tribales en los Estados independientes, y estuvo ausente en la votación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.